Un complejo panorama es el que
vive actualmente el movimiento mapuche. Con nueve comuneros presos que
estuvieron en huelga de hambre —cuatro mantuvieron la huelga por más de 60 días—, junto a
violentos enfrentamientos entre comunidades mapuche y fuerzas policiales en el
sur del país, el gobierno de Sebastián Piñera firmó el 8 de octubre un decreto
supremo que establece el Área de Desarrollo Indígena (ADI) en
la comuna de Ercilla, decreto que fue aceptado por 37 de las 42 comunidades de
la zona.
Las ADI (Areas de Desarrollo Indígena)
fueron establecidas por la Ley Indígena de 1993, y son definidas como “espacios
territoriales en los que los organismos de la administración del Estado
focalizarán su acción en beneficio del desarrollo armónico de los indígenas y
sus comunidades”. De acuerdo con lo señalado por el gobierno, las ADI
contemplan programas de adquisición de tierras, asesorías para plantaciones
agrícolas, apoyo para el desarrollo de emprendimientos, recursos para mejorar
la infraestructura vial y de salud.
Piñera señaló a la prensa que con
el ADI se cumple la promesa de generar caminos de diálogo como única vía para
solucionar el conflicto mapuche.
“Este es el camino que nos va a
dar frutos, el camino del diálogo, el camino de la acción, no el de la
violencia ni el de los atentados”, dijo Piñera. “Por eso, con la misma fuerza
reitero mi compromiso de luchar con todas las armas del Estado de Derecho,
contra los delincuentes y los violentistas que lejos de favorecer, solamente
causan daño y dolor a la causa del pueblo mapuche y a la causa de nuestro
país”.
Sin embargo, cinco comunidades de
Ercilla, no aceptaron ser parte de la nueva institucionalidad propuesta por el
gobierno, entre las cuales están la Comunidad Tradicional de Temukuykuy y la comunidad
Wente Winkul Mapu. Es en esta última localidad de donde son originarios
los comuneros presos Erick y Rodrigo Montoya, Paulino Lefinao y
Daniel Lefipan, quienes estuvieron en huelga de hambre en la cárcel de
Angol desde el 27 de agosto hasta el 25 de octubre. Lefinao y Lefipan fueron
condenados en agosto pasado a penas de 10 años y un día de presidio por el
delito de homicidio frustrado de Carabineros y 541 días por porte ilegal de
arma de fuego en la comuna de Ercilla en noviembre de 2011, mientras que los
otros dos comuneros están siendo procesados por otros delitos.
Con la huelga de hambre, los
presos políticos mapuche en Angol buscaron la anulación de los juicios por
parte de la Corte Suprema y demandaron además “la aplicación del Convenio 169
[sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del
Trabajo], la devolución total del territorio que hoy están ocupando las
empresas forestales y los latifundistas, y la desmilitarización de las
comunidades”, según informaron en comunicados emitidos desde la cárcel.
Después de mantener por más de
dos meses esta medida de presión, la Corte Suprema resolvió dejar sin efecto el
juicio contra Lefinao por el delito de homicidio frustrado en contra del
general de Carabineros Iván Bezmalinovic y ordenó realizar
un nuevo juicio oral de este proceso atendiendo la falta de fundamentación del
fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, manteniéndose la
condena de 541 días de presidio, por porte ilegal de armas. La sentencia contra
Lefipan se anuló, determinando una pena de 3 años de presidio menor en su grado
medio por el delito de maltrato de obra a Carabineros en servicio,
otorgándosele el beneficio de la remisión condicional de la pena y se ordenó su
puesta en libertad una vez que se notifique de la sentencia al tribunal de
primera instancia.
Por su parte los cinco comuneros
que mantenían la huelga en el penal de Temuko bajaron su medida de presión unos
días antes que los comuneros de Angol, una vez que la directora del
gubernamental Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Friés, lograra
un acuerdo con el Ministerio de Justicia y Gendarmería para trasladar a los
comuneros a la cárcel de Angol en donde se encuentra el resto de los presos
políticos mapuche.
“Hay cuatro hermanos mapuche en
la cárcel de Angol [a 45 kilómetros de Ercilla], en la cual dos de ellos han
sido condenados injustamente por testigos pagados por el Ministerio Público,
más dos que están a la espera de juicio oral, en el que con testigos
protegidos, quieren condenar a nuestra gente. Al gobierno no le conviene hablar
de esta situación”, denunció Jorge Wenchullan, werken de la
comunidad de Temukuykuy.
Para Wenchullan, el ADI “es parte
de la estrategia del Ejecutivo para ocultar el verdadero conflicto, que se enfoca
en la devolución total de los terrenos demandados por las comunidades y para
ocultar una serie de atropellos de violencia y de negación de las
movilizaciones que estamos llevando las comunidades mapuche aquí en Ercilla.
Los mapuche no estamos luchando para que empiece una serie de asistencialismo
para nuestra gente, por eso repudiamos la ADI, no tiene validez para nosotros”.
Historia del conflicto
El conflicto entre el Estado y el
pueblo mapuche se agudizó en 1974 con la promulgación por la dictadura militar
[1973-90] del decreto 711 para la promoción de la industria forestal que puso
fin a la propiedad comunitaria indígena. Los sucesivos gobiernos utilizaron una
ley antiterrorista de 1984 para responder a la resistencia del pueblo mapuche.
En 1997, en un momento histórico
en que el pueblo mapuche se encontraba debilitado, lo cual impedía avanzar en
la recuperación territorial, un grupo de comunidades y lonkos (autoridades
tradicionales) dieron forma a la Coordinadora de Comunidades en Conflicto
Aragko, Malleko y Kawtin, que posteriormente tomó el nombre de Coordinadora
Aragko Malleko (CAM).
“En ese sentido la CAM da un paso
adelante al definir una nueva forma de hacer política que tiene que ver con el
paso de una acción institucional a una acción directa de sabotaje como arma
política. Se da el salto en el sentido de que no se debe esperar nada de un
Estado que nos ha condenado a 100 años de ocultamiento y discriminación,
avanzando hacia la creación de un proyecto político propio y autónomo”, señala
el werken de la CAM, que por seguridad mantuvo su nombre en reserva.
“El territorio y la autonomía
pasan a ser los ejes fundamentales de la CAM”, agrega el werken. “Esos dos ejes
son conjugados en la práctica de ejercer el control territorial: recuperando
los territorios y trabajándolos, generando en esos territorios prácticas
culturales, políticas y económicas como mapuche. La autonomía es un orden y una
forma de trabajar disciplinadamente. Y como proyecto político tiene que ver con
cómo el pueblo mapuche se desarrolla al margen del Estado”.
En el año 2002 comenzó una etapa
del movimiento mapuche que el historiador Fernando Payrikan denomina entre la
“presión y la sombra”, periodo en que se tomaron detenidos a comuneros mapuche.
“Hasta ese año no había presos políticos
sentenciados ni se les había aplicado la ley antiterrorista. Así, empezó un
momento —que no ha parado— donde por demandas políticas del movimiento mapuche
[los comuneros] terminaron presos y eso generó la respuesta obvia que es la
resistencia desde la cárcel como la huelga de hambre”, explica. “La frontera
que históricamente separaba a Chile de las zonas mapuche al sur del río Fio-Fio
tiene otros códigos y la justicia se aplica de otra forma, hay una aplicación
racista de la ley en la Araucanía, donde sus habitantes no son seres humanos,
son indios, es la continuidad del siglo XIX”.
En julio del 2010, el conflicto
entre el gobierno de Piñera y los mapuche se agudizó a raíz de una huelga de
hambre protagonizada por cuatro presos mapuche que formaban parte de la CAM,
incluyendo a su líder, Héctor Llaytul, contra la aplicación
de la ley antiterrorista en sus casos. Ya para la fecha existía un punto común
en las demandas mapuche que tenía que ver con la necesidad de recuperar los
territorios ancestrales, usurpados por el Estado y empresas transnacionales.
“Lo que hoy más atormenta al
pueblo mapuche es la pérdida de los territorios sagrados; eso conlleva ríos y
cementerios. Con los proyectos hidroeléctricos y mineros los territorios en más
peligro están al sur de Valdivia hacia la precordillera y la costa de Osorno,
que son los dos entes que dan la fuerza a las comunidades, el sentir mapuche.
Esas zonas quieren ser inundadas por centrales hidroeléctricas”, denunció la
joven machi Millaray Wichalaf, del sector del Roble Karimallin.
Lucha por el territorio
Las comunidades mapuche ven con
desconfianza las propuestas del gobierno, porque intentan ocultar el conflicto
de fondo: la lucha por el territorio.
“Claramente se continúa con las
políticas de llevar el conflicto a otro ámbito y no se está viendo el trasfondo
de por qué el mapuche hoy está en conflicto, que es por la tenencia de la
tierra. Se quiere institucionalizar el conflicto y llevarlo a una negociación,
pero la tierra no se puede negociar porque la tierra es una madre; uno no vende
a la madre”, señaló Wichalaf.
A criterio de Payrikan, “lo que
está haciendo el gobierno es configurar una triada que implica modelo económico
[liberalismo], sistema político y autonomía. Están mirando aquellos países como
Canadá y EEUU donde las autonomías indígenas neoliberales han dado resultado
sin afectar el capital. Son experiencias donde modelo y autonomía son
compatibles, a través del multiculturalismo, algo que planteó Bachelet
[2006-2010] en su gobierno. Tengamos autonomía pero neoliberal”.
Sin embargo, este modelo de
autonomía neoliberal es rechazado por dirigentes indígenas, ya que el proyecto
político mapuche es incompatible con el capitalismo.
“No estamos solamente frente a
una lucha política sino que también es una lucha ancestral, ya que el pueblo
mapuche por esencia es anticapitalista”, afirma Wichalaf. “Por eso, cualquier
otra forma de organizarse es peligroso para este sistema. Hoy nos estamos
levantando con una clara convicción, con un fundamento político, social y
espiritual, como un pueblo integral”.
(Artículo original de Rocío
Alorda de Noticias Aliadas)
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