Mónica Quezada, madre de Matías
Catrileo ha afirmado en muchas oportunidades que“no existe justicia para el
mapuche” y ello se demuestra en la resolución de la Contraloría General de la
República que hoy señala que “legalmente
puede permanecer en servicio activo” el funcionario de Carabineros Walter
Ramírez Ynostroza, quien asesinó al joven weichafe en el Fundo Santa Margarita
de Vilcun, cuando participaba en una recuperación territorial en la comunidad
Yeupeko aquella mañana del 3 de enero del 2008.
Lo resuelto por la Contraloría
hoy es un trámite además innecesario, donde el gobierno de turno acude a ese
organismo para un “lavado de manos” ya que “constitucionalmente” tanto la
dirección de carabineros o el mismo gobierno, a través del ministerio del interior,
pueden decretar la baja inmediata sin consulta a ningun organismo, tal como ha
ocurrido con delitos menores donde funcionarios policiales han estado
involucrados en tráfico de drogas, asaltos y conductas que son inferiores a la
gravedad que constituye un homicidio perpetrado por un funcionario de sus
filas. Lo de hoy, no hace más que reafirmar que los altos mandos en complicidad
con el estado son garantes de la protección del funcionario de FFEE Ramirez
Ynostroza.
Hace un año la Corte Suprema
revisó la causa contra el funcionario policial del estado chileno y cuya resolución ya daba indicios de la
impunidad que gozaría el funcionario policial, a pesar de que se veía esperanzada la posibilidad de poder
ver que se acogería la demanda de una condena ajustada a derecho y que se
condenara a 10 años de presidio al cabo policial , autor del disparo por la
espalda y con armamento de guerra constituyéndose en homicidio y no en un delito militar como lo planteó la defensa
del uniformado, quien recibió una condena en el Tribunal Militar de Valdivia, y
posteriormente de la Corte Marcial, a tres años y un día de presidio pero con
el beneficio de firmar ante Gendarmería durante 48 meses.
En aquella oportunidad se
hicieron los alegatos por parte de la defensa del asesino, de la familia y del
consejo de defensa del estado, en donde se demostró la posición de las
instituciones del estado chileno, avalando en todo momento el actuar de las
policías como un acto legitimo y necesario para reprimir la lucha que llevan
nuestros weichafes en las distintas comunidades en lucha, restandole responsabilidad
al estado chileno en la muerte del
weichafe y responsabilidades de los mandos superiores de la institución
policial en “blindar” al cabo Ramírez.
Lo que ha hecho el organismo
contralor del accionar del gobierno y sus instituciones, no es más que
confirmar que el funcionario asesino, premiado ya anteriormente por el gobierno
de Bachelet destinandolo a Coyhaique, no tendrá un sólo día de castigo por
asesinar por la espalda a Matías Catrileo y ahora dar luz verde para que un
procesado y condenado funcionario, siga portando arma, vistiendo el uniforme
represor y pasearse por las calles de las ciudades donde se traslada con
amplios beneficios que paga el erario fiscal. Un verdadero premio que una vez
más demuestra la burla y el desprecio por la vida del mapuche de parte de la
institución que se supone garante de la seguridad.
Por el momento, ya nos acercamos
a otro 3 de enero y como hace cinco años, el pueblo mapuche sigue exigiendo
justicia por este crimen contra un joven comunero mapuche que junto a Mendoza
Collío y Alex Lemún simbolizan la lucha por las justas demandas territoriales cuya
respuesta del estado, como protector de latifundistas y empresas forestales,
han sido balas disparadas cobardemente por la espalda y los autores gozando de
completa impunidad.
Gonzalo Manquepillán O.
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