Una carta a organismos internacionales que aboga por Transparencia ante indefensión jurídica en casos mapuche en Chile, entregó la Comisión Ética de Derechos Humanos y Pueblos Originarios-Secretariado Europeo “Harald Hedelstam”, difundida hoy por el Informativo MapuExpress.
En ella exponen públicamente a través de un extenso documento la preocupación por la injusta situación jurídica y de indefensión en la que permanecen todos los casos donde han sido afectados miembros del pueblo mapuche en la lucha por recuperación territorial, sea en los tribunales, en los juicios que se llevan en su contra, o en las propias comunidades mediante la represión permanente. Además el Estado de Chile sigue sin cumplir sus obligaciones de adecuar sus leyes internas a los estándares internacionales de DDHH, en relación a la Ley 18.314 llamada también Ley Antiterrorista aplicada a miembros del pueblo Mapuche y a su lucha de reivindicaciones y defensa del territorio.
Señala la Comisión lo preocupante es que todos los casos de victimas mapuche, de graves violaciones a los DDHH por parte del Estado de Chile desde el 2001 a la fecha, permanecen en una grave indefensión y situación de impunidad; en su mayoría las víctimas son jovenes o menores de edad, como son los casos de Alex Lemun asesinado a los 17 años en noviembre del año 2002; Matias Catrileo asesinado a los 20 años en enero del año 2008; Rodrigo Cisternas, asesinado a los 32 años, el 3 de mayo del año 2007; Jaime Mendoza Collio asesinado a los 24 años, en agosto de 2009; sin olvidar otros casos como el de Julio Huentecura, Zenon Diaz Necul, Jorge Suarez Marihuan, Jhonny Cariqueo Saravia, Juan Colihuin Catril, Agustina y Mauricio Huenupe Pavián, los que permanecen en total impunidad y la desaparición forzosa de José Huenante desde septiembre de 2005.
Son claros tambien en señalar que la aplicación de la Ley antiterrorista a comuneros mapuche, enjuiciados y sentenciados con desproporcionadas condenas basadas en testigos NN o testigos protegidos: como son los casos del werkén Victor Ancalaf Llaupe, de los Lonkos Pascual Pichún y Aniceto Norín y el Caso Polunco Pidenco (de los hermanos Juan Patricio y Florencio Jaime Marileo Saravia, Patricia Troncoso Robles, Juan Carlos Huenulao, José Huenchuano Mariñán, Juan Ciriaco Millacheo Lican)y el caso de los 4 comuneros de la CAM (Llaitul, Llanquileo, Huenuche y Huillical), condenados por el supuesto atentado al Fiscal Sergio Elgueta, caso que también pronto será llevado ante la CIDH igualmente por graves violaciones a las Garantías del Debido Proceso.
Manifiestan su preocupación por el estado de indefensión permanente e impunidad en que yacen los casos mapuche; ninguno de ellos ha obtenido justicia, donde la falta de ética predomina, dificultando y obstaculizando el imperio del Derecho, donde las politicas de pacificación y asimilación del Estado chileno continúan, sin voluntad de abrir un diálogo con los representantes del pueblo mapuche, de los LOF/comunidades afectadas por la falta de tierras, o la intervención de empresas nacionales y/o transnacionales; donde la criminalización, represión y el uso de la Ley Antiterrorista ha llevado recientemente al Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por los casos antes mencionados.
“En relación a la lucha de reivindicaciones de tierras y defensa del territorio, la CIDH a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 21 garantiza el derecho a la propiedad territorial como base fundamental para el desarrollo de la cultura, la vida espiritual, la integridad y la supervivencia económica de las comunidades indígenas. Es un derecho al territorio que incluye el uso y disfrute de sus recursos naturales. Se relaciona directamente, incluso como un pre-requisito, con los derechos a la existencia en condiciones dignas, a la alimentación, al agua, a la salud, a la vida, al honor, a la dignidad, a la libertad de conciencia y religión, a la libertad de asociación, a los derechos de la familia, y a la libertad de movimiento y residencia”, señalan en el documento y solicitan a todos los organismos y personas destinatarios, intervenir activa y eficazmente exigiendo al Estado chileno la urgente aplicación de medidas tendiente al pleno respeto de los stándars Internacionales de DDHH hacia el pueblo mapuche y los indígenas en general; a la justa y verdadera reparación de los daños causados; al respeto de la Garantías del Debido Proceso en los juicios que se están desarrollando en este momento, especialmente aquellos en que afectan a menores de edad o adolescentes; que los así afectados tengan una legítima defensa por profesionales probos y que den garantías tanto a los imputados como a sus familiares y comunidades.
Se puede acceder al texto íntegro del documento mencionado, en MapuExpress en el link http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=5821
Gonzalo Manquepillan O.
(Publicado en KaosEnLaRed)
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